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MANIFIESTO EN APOYO DE CARME FORCADELL

MANIFIESTO

MANIFIESTO DE REPRESENTANTES I EX-REPRESENTANTES DE CÁMARAS PARLAMENTARIAS EN APOYO DE CARME FORCADELL

Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya desde octubre de 2015 a enero de 2018, se encuentra en prisión preventiva, en espera de juicio, desde el pasado 23 de marzo. Está acusada de un delito de rebelión, que puede comportar penas de hasta treinta años de cárcel. Un delito solo aplicable en caso de alzamiento violento y público (art.472 del Código Penal español), circunstancia que no se ha producido.

Se la acusa de rebelión por no haber impedido tramitaciones parlamentarias y debates relacionados con la creación de una República Catalana, impulsados por una mayoría de la cámara.

Sin embargo, la entonces presidenta del Parlament de Catalunya actuó siempre atendiendo a lo establecido en el reglamento de la cámara, y cumplió las funciones inherentes a su cargo, preservando tanto los principios de la autonomía parlamentaria y la separación de poderes, como la libertad de expresión y el derecho de iniciativa de los diputados y las diputadas.

La acusación contra ella, por tanto, afecta los fundamentos democráticos de todo sistema parlamentario. Una democracia parlamentaria no puede permitirse censurar debates políticos en su parlamento, ni prohibir a los diputados y diputadas ejercer libremente sus funciones con pleno respeto a la normativa de la cámara. Puede contar –y es el caso del Estado español- con mecanismos que regulen la constitucionalidad del marco normativo resultante de la actividad de las cámaras legislativas, pero no puede vetar el ejercicio de las funciones y los derechos inherentes a la tarea parlamentaria.

El libre debate de ideas y su traslación en iniciativas parlamentarias, constituye la esencia de la política parlamentaria. En este sentido, la utilización de la justicia penal como instrumento de coacción de la actividad de un parlamento es incompatible con los principios que rigen las democracias parlamentarias. En consecuencia:

  • Instamos a resolver por vías no penales los conflictos institucionales y políticos.

  • Manifestamos nuestra solidaridad con la ex-presidenta Carme Forcadell, y pedimos su puesta en libertad inmediata.

Podéis descargar el manifiesto en los siguientes idiomas:
 

ADHESIONES

Consulta aquí el listado completo de adhesiones

 

CARME FORCADELL

Carme Forcadell i Lluís, nacida en 1955, es licenciada en Filosofía y en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, y tiene un máster en filología catalana por la misma universidad.

Catedrática de enseñanza secundaria, trabajó hasta 2015 como asesora en lengua, interculturalidad y cohesión social para el departamento de Educación de la administración pública catalana. Desarrolló la mayor parte de su actividad política en el mundo asociativo, desde el cual ha impulsado proyectos y movilizaciones sociales de gran relevancia en el ámbito de la cultura y las reivindicaciones democráticas.  

En 2012 fue elegida presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), una organización que tiene como objetivo alcanzar la independencia de Catalunya por vías democráticas. La ANC fue la responsable de la manifestación “Catalunya, nuevo Estado de Europa”, que congregó a más de 1 millón y medio de personas en Barcelona. Al año siguiente, la misma asociación organizó la “Vía Catalana”, una cadena humana de más de 400 km. que cruzaba de norte a sur el territorio de Catalunya. Y en 2014, una nueva manifestación en Barcelona, de 2 millones personas, que exigían la celebración de un referéndum de autodeterminación. Cabe destacar que ninguno de esos actos masivos registró incidentes de violencia.

En 2015 abandona la presidencia de la ANC y se presenta a las elecciones al Parlamento de Catalunya por la coalición Junts pel Sí, que agrupaba a dos de los tres partidos favorables a la independencia, la suma de los cuales alcanzó la mayoría en la cámara legislativa. Fue elegida presidenta del Parlamento sin ningún voto en contra.

La legislatura resultó tan breve (2015-2017) como intensa, marcada per la voluntad de la mayoría parlamentaria de culminarla con un referéndum de autodeterminación de Cataluña, así como por la judicialización permanente de la vida parlamentaria. Hasta 13 de las 26 leyes aprobadas en ese período fueron total o parcialmente suspendidas por el Tribunal Constitucional español, el cual también ordenó impedir diversos debates y trámites parlamentarios relacionados con el derecho de autodeterminación. La negativa a censurar debates e impedir trámites legislativos que cumplían con el reglamento de la cámara comportó diversas querellas penales contra la presidenta y otros miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña.

A su vez, la presidencia de Carme Forcadell se caracterizó también por el impulso de la transparencia en la cámara parlamentaria para prevenir la corrupción política, por la defensa de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y por la atención a las situaciones de emergencia social derivadas de la crisis económica.

El referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, desautorizado y perseguido por el gobierno español, fue reprimido con cargas policiales contra los votantes a las puertas de los colegios electorales. Ante el rechazo del gobierno español a cualquier tipo de diálogo o negociación política, el gobierno catalán optó por intentar implementar el resultado del referéndum. Como respuesta, el gobierno español destituyó al gobierno catalán –parte del cual optó por el exilio-  y disolvió la cámara parlamentaria catalana. La presidenta Forcadell ingresó en prisión el 10 de noviembre, obteniendo la libertad condicional al día siguiente.

En les posteriores elecciones al Parlamento de Catalunya, del 21 de desembre de 2017, Carme Forcadell fue reelegida diputada. El 22 de marzo de 2018 renunció al acta de diputada, horas antes de reingresar en prisión, donde continúa esperando el inicio del juicio.

Se da la circunstancia que el pasado mes de julio, en el marco de la misma causa, la justicia alemana estudió y denegó la entrega a la justicia española del expresidente del gobierno catalán -Carles Puigdemont- por el delito de rebelión, al no observar la existencia de “alzamiento con violencia”, requisito imprescindible según la propia ley española para que pueda considerarse dicho delito. Tras esa decisión de la justicia alemana, la fiscalía española retiró las órdenes de extradición de Puigdemont y del resto de acusados que se han refugiado en Bélgica, Escocia y Suiza.

Pese a que esa hecho evidenciaba la inconsistencia de la cusa, la justicia española ha desestimado todas las peticiones de poner fin a la prisión preventiva de Carme Forcadell y del resto de presos políticos catalanes. La Fiscalía del Estado acusa a Carme Forcadell del delito de rebelión y pide una pena de 17 años de prisión. La Abogacía del Estado la acusa de sedición y solicita 10 años de prisión. El partido ultraderechista VOX, que se ha presentado como acusación particular, la acusa de rebelión y organización criminal, y exige una pena de 62 años de prisión.

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